La persistencia de las protestas en Guatemala, que alcanzan ya 12 días consecutivos, es un reflejo de la profunda preocupación y descontento de la población respecto a la gestión de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.
La movilización masiva que ha llevado al bloqueo de unas 90 carreteras a nivel nacional subraya la determinación de los ciudadanos por lograr un cambio en la dirección de la Fiscalía, que consideran crucial para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
Aunque las tomas de carreteras persisten en la mayoría de rutas del oeste y norte del territorio, algunas de las arterias principales de la capital guatemalteca fueron liberadas este viernes, de acuerdo con reportes de las autoridades de vialidad.
Las salidas de la Ciudad de Guatemala que fueron liberadas, después de 4 días de estar bloqueadas, fueron la que conduce rumbo a El Salvador (sureste) y la ruta hacia el océano Atlántico (noreste).
Las autoridades indígenas y ciudadanos que han mantenido paralizado el país toda la semana exigen que Porras dimita de su cargo, acusada de intentar revertir los resultados electorales del país centroamericano del pasado 20 de agosto, donde resultó electo el progresista Bernardo Arévalo de León.
Los puntos más fuertes de manifestación persisten a lo largo de la carretera interamericana que conecta todo el oeste del país y también el plantón frente a la sede central de la Fiscalía, en la capital, donde autoridades indígenas han pernoctado durante más de una semana.
Al mediodía de este viernes, un grupo de danzantes mayas cakchiqueles, del noroeste de Guatemala, encabezó con bailes ceremoniales una marcha de 200 manifestantes hasta la Fiscalía.
Aún no existe una salida a los bloqueos y manifestaciones indefinidas, debido a que este jueves las autoridades indígenas y el presidente, Alejandro Giammattei, no lograron encontrar acuerdos tras una reunión en la casa presidencial, donde los manifestantes plantearon sus exigencias al mandatario.
El 1 de septiembre, Arévalo de León acusó a Porras Argueta de llevar a cabo un «golpe de Estado» en su contra para evitar su investidura en enero de 2024.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público no contempla renunciar, según los últimos pronunciamientos de la entidad que dirige.
