El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, en su cuenta X, publicó que “las sanciones y las restricciones de visado son parte fundamental de las iniciativas de EEUU contra la corrupción”.
Sigue el posteo, “Las utilizamos para promover la rendición de cuentas y disuadir futuros actos de corrupción, acciones antidemocráticas y abusos a los derechos humanos”.
En las ultimas horas, el gobierno de Estados Unidos, anunció que canceló la visa a algunos hondureños, en condena al reciente uso de la violencia en Honduras para socavar la democracia y permitir el nombramiento irregular y sin precedentes de un Fiscal General interino y un Fiscal General Adjunto interino.
El informe explica que, (Hoy), «estamos tomando medidas para imponer restricciones de visa a ciertas personas según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Varias de estas personas llevaron a cabo actos de violencia e intimidación, y otras fomentaron el conflicto entre el pueblo hondureño al llamar a grupos violentos a movilizarse, lo que resultó en agresiones físicas y actos de intimidación, algunos de los cuales resultaron en lesiones».
Estas acciones antidemocráticas socavan las instituciones de Honduras y son inconsistentes con los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana, que Honduras firmó como miembro de la Organización de los Estados Americanos en septiembre de 2001. Nos sumamos al llamado de la comunidad internacional a favor del orden regular para restaurarse por medios pacíficos, transparentes y democráticos.
Estados Unidos apoya al pueblo hondureño y a quienes buscan fortalecer la democracia y el estado de derecho en Honduras, y seguimos comprometidos a promover la rendición de cuentas de quienes lo socavan.
¿Quienes serían los funcionarios afectados por esta decisión?
Sin embargo, diversos sectores apuntan a que detrás de los acontecimientos denunciados por el gobierno de Joe Biden está la Junta Directiva del Congreso Nacional, encabezada por Luis Rolando Redondo Guifarro del Partido Salvador de Honduras (PSH).
Este organismo está integrado por Hugo Noé Pino del partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña (Libre), Rasel Tomé (Libre), Scherly Arriaga (Libre), Ricardo Elencoff del Partido Liberal (PL) y Kritza Pérez (PL).
Isis Cuéllar (Libre), Rosario Tejeda (PL), Carlos Zelaya (Libre), Luz Angélica Smith (Libre), Carlos Raudales (Democracia Cristiana), Fabricio Sandoval (Libre), Linda Donaire (Libre), Juan Barahona (Libre) y Silvia Ayala (Libre) completan la Junta Directiva.
Además, se recuerda que los actuales fiscales interinos, Johel Zelaya (general) y Mario Morazán (adjunto), fueron elegidos por una Comisión Permanente integrada por nueve diputados, algunos de los cuales también son parte de la Junta Directiva. Es el caso de Redondo, Zelaya, Noé Pino, Smith y Ayala, así como Pérez, Tomé, Sandoval y Casaña. Otros diputados en la mira por su incitaron a la violencia serían Sergio Castellanos y Mauricio Rivera, ambos de Libre.
Por otro lado, se menciona a funcionarios que incitaron a la violencia como ser Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estratégica; José Cardona, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad -por su omisión durante las agresiones a diputados de la oposición-; Marlon Ochoa, titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR); Miguel Briceño, comisionado presidencial para la reforestación, entre otros.
