Tegucigalpa. Con la eliminación del régimen ZEDE consecuentemente se “trasquilan” las inversiones que nacen acobijas por la normativa y viene la confiscación asegura, Jorge Colindres, secretario técnico, ZEDE Próspera.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley que da vida a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE ) Honduras está sujeta a una inminente demanda de 11 mil millones de dólares, no obstante, ese impacto que acarreara el Estado de Honduras podría superarse si un nuevo gobierno “respetuoso del estado de derecho” tome a bien una genuina negociación expresó en el programa en La Mira, Jorge Colindres, secretario técnico de ZEDE Próspera.
El magistrado de la CSJ Mario Díaz informó que el fallo no afectaría las inversiones en las ZEDES que se habían formado bajo la normativa, en ese sentido, garantizó la permanencia de los mismos, no obstante, “las reglas juego cambiarían porque la ley que dio vida a las mismas ya no existe”.
Sin embargo, para Colindres con la eliminación del régimen ZEDE consecuentemente se “trasquila” las inversiones que nacen acobijas por la normativa.
“Si la sentencia viene retroactiva y anula el régimen ZEDE estaremos ante la confiscación de nuestras inversiones porque los negocios en Prospera solo son viable en el régimen sede, si usted se lo quita se destruye los negocios, por ende, viene una confiscación bajo derecho internacional de habla de medidas equivalente a la confiscación”.
“Si usted destruye una inversión porque le quitó los elementos y las condiciones que le dieron viabilidad entonces es prácticamente una confiscación porque se me va el capital y no podemos mantener los trabajos hay 3480 empleos si le suma las otras ZEDEs son más de 8 mil empleos” remarcó.
Enfatizó que con la resolución de la CSJ se destruye el régimen y es irreversible la demanda de 11 mil millones de dólares.
El Estado o mejor dicho el “pueblo hondureño” se enfrentaría esta millonaria demanda, sin embargo, Colindres expresó que no han demandar al Estado de Honduras “Mi genuina esperanza es que al haber un cambio de gobierno que sean analíticos en temas razonables respetuosos del Estado de derecho, se puede llegar a un acuerdo y en vez de cobrar esos montos de la demanda internacional que nos permita seguir operando bajo el régimen sede o similares”.
Agregó si se quisieran el dinero de la demanda solo cierran operaciones y se marchan “hemos tenido la intención de negociar”.
El gobierno se inclinó por el tema populista y tema electoral y está empeñado en ganar más poder y ahora con esta sentencia no queda más opción que cerrar las puertas y lo quede impulsar la demanda, dijo.
“Este fallo es político, el propio magistrado Mario Diaz lo confirmo porque es la primera vez que ellos emiten un fallo con efecto retroactivo. La CSJ está politizada” arguyó.
¿Efecto retroactivo?
Colindres explicó las sentencias de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo “el artículo 94 señala que la sentencia de inconstitucionalidad no va a perjudicar los hechos que se consolidaron bajo la ley que se pugna”.
En ese sentido indicó la existencia de un amparo donde la acción iría orientada a la violación de garantía de irretroactividad a la ley y luego un tema de derecho a propiedad privada.
Explica que “bajo ese derecho que se anula, cuando el Estado le da un derecho le da garantía de estabilidad jurídica el régimen Zede por 50 años y ese derecho se patrimonializa y si se le quita existe una afectación económica. Nos dieron una garantía de 50 años, tenemos inversiones bajo ese marco legal y si usted le quita el marco legal y esa garantía, destruye la inversión por ende me está confiscando un derecho”.
Sostuvo que el Estado no puede hacer sino es a través de un debido proceso y una indemnización.
El entrevistado considera que la sentencia es ilegal, sin embargo, la acataron “Si la sentencia viene retroactiva es ilegal es nula, no tiene la facultar la Corte, por tanto, es nula, la vamos a acatar porque tienen la fiscalía y el ejército; pero es una sentencia ilegal y la vamos a acatar porque no queremos que nos tiren el ejército”.
¿Honduras se vendió en pedazos?
La ZEDEs es un gobierno local a la que se descentraliza una serie de funciones que actualmente maneja el Gobierno Central de Honduras, indicó Colindres.
En Prospera el principal inversionista es una una empresa de origen estaunidense que ha logrado traer más de 150 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED).
“Los dueños de la mayor parte de la tierra de Prospera ZEDE son familias hondureñas, habían 8 propietarios y ahora hay unos 80 más, no toda se compró”.
Insistir sobre la venta del territorio hondureño , considera Colindres “Es un tema ideológico. Hay una filosofía política que quiere que el estado sea todo poderoso, todo dentro del Estado nada fuera, cualquier cosa que implique menos poder, lo ven como violación a la soberanía”.
Impuestos de ZEDEs van a instituciones del Estado
Colindres mencionó durante su intervención que el Congreso Nacional les autorizó el cobro de impuestos “cobramos el 1 por ciento del ISR solo que se cobra sobre los ingresos brutos, si es persona natural para el 5 y en ISV paga 2.5 son tributos competitivos y de toda la recaudación fiscal el 12 por ciento se deposita a fideicomisos que van dirigidos hacia las Fuerzas armadas, Poder ejecutivo, Poder Judicial”.
Informó que el año pasado se recaudaron 235 mil dólares en impuestos y de ese total entregaron el 12 por ciento a esas instituciones del Gobierno Central.
“Nosotros no podemos tomar servicios del gobierno, el gobierno no nos va a brindar servicios públicos, es un ingreso pasivo que recibe el gobierno absolutamente a cambio de nada porque las ZEDE auto provee”, explicó.
Argumentó que lo que siempre han querido es que se respete los tratados internacionales y las propias leyes “yo puedo negociar otro régimen, pero para que, si este régimen que tengo esta blindado por la constitución y el Estado dio la garantía y de la noche a la mañana lo pueden deshacer, negociar otro régimen y que otro gobierno quiera deshacer ese”, planteó.
